Un día histórico para Cataluña

El Parlament catalán aprobó ayer la Ley de Asociaciones de Personas Consumidoras de cannabis. Su origen se encuentra en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y regula las asociaciones de consumidores de cannabis, el cultivo y el transporte de marihuana por parte de los clubes.

Todos los grupos de la Cámara votaron a favor -JxSí, Cs, PSC, CSQP y la CUP-, excepto el PPC, que se posicionó en contra y el diputado no adscrito Germà Gordó (exPDeCAT), que se abtuvo. Así, la ley fue aprobada con 118 a favor, 8 en contra y 1 abstención.

La ILP fue presentada por la asociación Rosa Verda, que en julio de 2015 inició una recogida de firmas para regular el uso del cannabis en Cataluña. Finalmente, el grupo consiguió recoger y validar 56.000 firmas.

Un paseo por la Ley de Asociaciones de Personas Consumidoras de Cannabis

La ley regula los clubes de cannabis para que sean asociaciones sin ánimo de lucro, legales y que se autoabastecen y distribuyen la planta entre los socios. Las asociaciones cannábicas reconocidas serán las únicas autorizadas para cultivar, con un límite de 150 kg anuales de marihuana seca.

Los socios deben ser mayores de 18 años y consumir en el ámbito privado, ya sea con fines recreativos o terapéuticos. Eso sí, los jóvenes entre 18 y 21 años no podrán adquirir más de 20 gramos al mes, siendo el límite de 60 gramos para los mayores de 21. Unos límites que desaparecen para usuarios medicinales.

En cuanto al transporte, los responsables de los clubes deberán tramitar una autorización que recoja datos sobre el transportista, el destino, la fecha, la cantidad y el tipo de producto transportado.

Una ley que podría tener un “corto recorrido”

El Parlamento vasco ya aprobó en 2016 la regulación de los clubes cannábicos. Sin embargo, esta ley está suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias, debido al recurso presentado por el Gobierno central.

“De corto recorrido”: así lo vaticinó el popular Alberto Villagrasa, en referencia a la situación del País Vasco, que aprovechó su intervención para condenar una ley que “intenta regular algo que no se puede consentir como el consumo de drogas”.

Por su parte, el abogado penalista e impulsor de la ILP Oriol Casals, aseguró que recurrir la Ley de Asociaciones de Personas Consumidoras de Cannabis sería un “error histórico”. “La ley es pionera en Europa y encaja dentro de la Constitución y del Estatut”, concluyó.