Un centenar de personas protestan en Rangún para reclamar la legalización del cannabis

Banderas con la hoja de marihuana y carteles en los que se podían leer frases como “el cannabis salva vidas” o “no hay cárcel para una planta” llenaron ayer el parque Maha Bandula en Rangún, antigua capital de Myanmar. Un centenar de personas acudieron a la primera acción convocada en este país por la legalización del cannabis.

“Hay miles de personas en prisión por llevar pequeñas cantidades de marihuana, creemos que esto es injusto”, explicaba uno de los manifestantes citados por el diario The Myanmar Times.

Entre las reclamaciones de los manifestantes estaban el impulso de investigaciones sobre usos del cannabis y despenalizar la posesión de esta planta y su consumo terapéutico. Los manifestantes también señalan cómo la regularización de la marihuana podría facilitar la sustitución de las extensas plantaciones de opio que aun existen en el país por plantaciones de cannabis. Myanmar es parte del llamado ‘Triángulo de oro’, una de las zonas del mundo con mayor producción de opio. Aunque, según señala el informe de 2018 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la extensión de los cultivos de opio ha bajado de las 55.000 hectáreas de 2015 a 41.000 en 2017, sigue siendo el segundo productor mundial de adormidera.

El consumo de marihuana fue legal en Myanmar, antes llamada Birmania, hasta que en 1870 fue prohibido por el Gobierno británico, del que era colonia, a pesar de que su consumo era tradicional entre su población. En 1939 el consumo de marihuana volvió a ser legal —todavía bajo el mandato de la Corona británica— hasta que en 1993 fue incluido en la lista de drogas prohibidas en el país, aplicando a esta sustancia la Ley de Narcóticos y Drogas Peligrosas aprobada en 1974. Esta ley contempla penas de al menos cinco años de prisión por plantar marihuana y desde los 15 años hasta la pena de muerte para los condenados por tráfico de drogas peligrosas, incluyendo en esta categoría a “todo producto procedente de planta adormidera, hoja de coca y plantas de cannabis y toda sustancia fabricada a partir de ellas”.

Hasta el momento no se conoce de ningún caso de condena a muerte en Myanmar, pero sí se suceden la imposición de penas altísimas. Una de las últimas fue la impuesta al cofundador del citado diario The Myanmar Times, Ross Dunkle, de nacionalidad australiana. Dunkle y un compatriota fueron condenados en agosto de este año a 13 años de prisión por un tribunal de Myanmar por posesión de metanfetamina, heroína y marihuana tras una operación policial en la que registraron su vivienda. En la operación también se detuvo a cinco mujeres birmanas, que fueron condenadas a once años de prisión. Otro ciudadano estadounidense y dos personas más de Myanmar también han sido detenidos por gestionar una plantación de algo más de 8 hectáreas en la zona de Mandarley. El tribunal les acusa de posesión, venta y tráfico de drogas a pesar de que, según afirman, la plantación, en la que trabajaban más de cien personas de la zona, no era de marihuana sino de cáñamo para la producción de CBD.

En 2017, el Parlamento de Myanmar aprobó una reforma en la legislación que eliminó las penas de prisión por consumo de drogas, incluida la marihuana, para facilitar el acceso de los consumidores a los servicios de salud. Sin embargo, se mantuvieron las penas de cárcel por posesión de drogas, independientemente de la cantidad que se interviniera. En febrero de 2018, según señala la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el Gobierno de Myanmar anunció nuevos cambios en su política sobre control de drogas para reforzar el enfoque de salud pública frente a la respuesta punitiva.