Trinidad y Tobago, a punto de entrar en la industria del cannabis

Trinidad y Tobago podría sumarse muy pronto a la lista de países que han despenalizado el cannabis, lo que abre la puerta tanto al desarrollo de una nueva industria cannábica como a la importación y exportación del este producto. Toda una oportunidad de negocio para esta pequeña nación del Caribe.

En diciembre de 2019 fue aprobado el proyecto de enmienda a la ley Dangerous Drugs Bill, o de drogas peligrosas, que despenaliza la posesión de cannabis y que permite el cultivo personal pero limitado. Esta nueva regulación también permitirá al ministro de Salud otorgar licencias para producir, fabricar, distribuir, vende, importar y exportar productos derivados del cáñamo. El proyecto de ley ha sido ya remitido a la oficina de la Presidenta de Trinidad y Tobago, Paula-Mae Weekes, para su promulgación.

_{Paula-Mae Weekes Presidenta de Trinidad y Tobago}

En general, su aprobación ha sorprendido, ya que el primer ministro había afirmado con rotundidad que la reforma de la ley de la marihuana no figuraba entre sus prioridades. Los recientes cambios en otras naciones del Caribe, como Jamaica o Antigua y Barbuda, podrían haber influido en la postura del gabinete a este respecto.

Su conversión en ley, como previsiblemente ocurrirá, representaría la entrada de Trinidad y Tobago en la industria del cannabis, que sería regulada en un proyecto de ley separado del que permite su cultivo doméstico, ya que se establecería una autoridad de gestión de licencias para su regularización.

Esto supondría un avance no solo en lo referente al impulso de las economías locales, sino también en la reducción del narcotráfico y el aligeramiento de la carga del sistema judicial.

Faris Al-Wari, fiscal general del país, ha informado de la intención del gobierno de suministrar semillas de cannabis a los ciudadanos a través del Ministerio de Agricultura. El objetivo de esta medida no es otro que el de satisfacer la demanda local tras su despenalización y detener el flujo de productos de cannabis ilegales que llegan desde otros lugares del Caribe y América Latina. Esta iniciativa, además, ayudaría a que la transición de los agricultores tradicionales al mercado legal se vea facilitado, regulado y controlado.

_{Faris Al-Wari, fiscal general}

Ansari Hosein, investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe (CARDI), confía en que la investigación, tras la legalización definitiva del cannabis, permita mejorar tanto la producción como la productividad, a través de programas de estabilización y de mejora.

Según la ley actual, la posesión de marihuana puede conllevar multas de más de 4000 dólares y penas de hasta cinco años de prisión, que podrían verse aumentadas el doble, dependiendo de la cantidad y de los antecedentes. Su despenalización conllevaría el fin de estas sanciones.

Darius Figuera, criminólogo local, resalta que la despenalización disminuiría de manera drástica la incidencia de los delitos relacionados con la marihuana y defendió la idea de que la rigidez de las leyes actuales no ha tenido, en realidad, ningún efecto sobre la demanda del cannabis para consumo personal.

“La realidad” comenta “es que la prohibición no disminuyó la demanda. Más bien, la demanda en 2019 sobrepasa la de la década de 1990 y ha explotado porque tenemos ahora una generación digital entera que te explica claramente que rechaza este discurso de prohibición e insiste en que la marihuana es necesaria para su bienestar”.

Pese al optimismo entre los consumidores por esta deriva de despenalización, el registro de una compañía de cannabis en la que figura la presencia de un familiar de la mujer del Fiscal General ha generado cierta desconfianza en las redes sociales. El Fiscal afirma que no sabía nada al respecto. Este contratiempo no parece empañar, de momento, lo que podría ser una gran oportunidad para que Trinidad y Tobago atraiga inversión extranjera y pueda explotar, y beneficiarse, de todo el potencial de la aparición esta nueva industria y su posterior desarrollo.