Nuevo limbo legal para las asociaciones cannábicas en Cataluña

El pasado 4 de diciembre el Tribunal Constitucional aceptó el recurso de inconstitucionalidad del Consejo de Ministros contra cinco leyes autonómicas y entre ellas, la ley que regula los clubes cannábicos en Cataluña, relegando las asociaciones de consumidores de cannabis a una nueva situación de “limbo legal”.

La ley catalana que el Parlament de Cataluña aprobó en junio, llegaba tras años de vacíos legales y reivindicaciones por parte de las asociaciones cannábicas. La regulación, de hecho, fue impulsada por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) llamada Rosa Verda que completó en enero de 2016 la recogida de más de 67.000 y culminó con la aprobación de la ley 13/2017 .

El principal objetivo de la ley era regular el consumo de cannabis, un fenómeno al que las políticas prohibicionistas no han sabido enfrentarse.

“Tras más de medio siglo  de políticas prohibicionistas y represivas hacia el consumo del cannabis llevadas a cabo tanto en Cataluña como en buena parte del mundo, existe en nuestro país una parte significativa de la población que consume esta sustancia en una situación de inseguridad jurídica y sanitaria que supone una injusta discriminación y la vulneración de sus derechos fundamentales”. 

Así lo explica su preámbulo. Dichas políticas, se añade, han favorecido la existencia de un mercado clandestino y la falta de información para el consumidor sobre las propiedades del producto.  

Por ello, al amparo de esta ley los consumidores legalmente asociados a un club, podían solicitar su “cuota” de flores que no debía superar los 60 gramos mensuales para los mayores de 21 años y los 20 gramos para los socios de entre 18 y 21 años. Para permitir el autoabastecimiento de los socios, los clubes legalmente constituidos, podían cultivar hasta 150 kg de flores secas de marihuana al año (art.18, coma 4), siendo regulada su producción, transporte y distribución.

Prohibida cualquier forma de publicidad del cannabis o promoción de su consumo y prohibido el consumo de alcohol, de drogas no institucionalizadas y de productos comestibles a base de cannabis en el interior de los clubes.

Para el gobierno de Mariano Rajoy sin embargo, la ley catalana de las asociaciones de consumidores cultivadores de semillas de cannabis es una medida inconstitucional ya que vulneraría competencias exclusivas del Estado, regulando y amparando actividades que el Código Penal tipifica como delitos.

Según el Gobierno, se trata de una ley que además de vulnerar competencias de legislación penal y de legislación sobre productos farmacéuticos, incumpliría con las bases y coordinación general de la sanidad, vulnerando la seguridad pública e incluso las relaciones internacionales, ya que afectaría a convenios internacionales suscritos por España.

Con la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad, la vigencia y la aplicación de las leyes impugnadas se ven suspendidas mientras el alto Tribunal ratifique o levante la suspensión en un plazo de 5 meses.

No es la primera vez que el Gobierno de Mariano Rajoy recurre leyes autonómicas que atañen el tema del cannabis, así como pasó con la ley navarra reguladora de clubes cannábicos y en el País Vasco con un artículo de la ley de atención integral de adicciones y drogodependencias con el mismo objetivo.

Mientras una recién aprobada Subcomisión del gobierno estudia el caso del cannabis medicinal, los consumidores de cannabis “recreativo” y sus asociaciones en Cataluña deberán, una vez más, esperar tiempos mejores.