Nevada restaura los derechos civiles de 15.000 personas condenadas por posesión de marihuana

El estado de Nevada, en Estados Unidos, ha indultado a más de 15.000 personas condenadas por un delito leve de posesión de marihuana entre los años 1986 y 2017. La medida, aprobada por unanimidad por la Junta de Indultos de este estado, afecta a todas las personas que, durante esos años, fueron condenadas por posesión de hasta una onza (28,35 gramos) de esta planta.

“Hoy es un día histórico para aquellos que fueron condenados por lo que durante mucho tiempo se consideró un delito trivial y ahora es legal según la ley de Nevada”, afirmó el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, en un comunicado de prensa.

Steve Sisolak

En Nevada, la compra-venta y la posesión de cannabis recreativo es legal desde julio de 2017, siguiendo la aprobación de la ley en 2016. En los seis meses siguientes se abrieron hasta 60 dispensarios legales de marihuana recreativa, 25 de ellos en Las Vegas. El cannabis medicinal ya era legal desde mucho antes, 2001 concretamente, aunque este tipo de cannabis no tuvo dispensarios hasta 2015. “Desde la aprobación en 2016 y la despenalización de la posesión de pequeñas cantidades de marihuana, en el historial de muchos nevadenses aparecen estos delitos menores, en algunos casos como delitos graves. Esta resolución tiene como objetivo corregir eso y restaurar completamente cualquier derecho perdido como resultado de estas condenas”, continúa el gobernador en declaraciones recogidas por Marijuana Moment.

Y es que el indulto no va a suponer la cancelación de las condenas. En los más de 30 años de condenas afectadas por este indulto en Nevada, la posesión de cannabis en este estado ha sido castigada con mayor o menor dureza. Hasta 2001, la posesión de esta planta suponía un delito grave, con penas de cárcel de uno a cuatro años y multas de entre 5.000 y 20.000 dólares. A partir de ese año, este castigo se aplicó solo en el caso de que la persona sancionada hubiera sido sorprendida por tercera vez con cannabis mientras que, en el caso de la primera y segunda vez, los castigos se limitaban a multas de 600 y mil dólares respectivamente, y la posibilidad de que el juez ordenara la asistencia a un programa de rehabilitación de drogas.

Pero la prisión y la multa no son los únicos castigos. Como para el resto de personas con condenas por delitos graves, la posesión de marihuana en Nevada ha supuesto para miles de personas la pérdida de derechos civiles mientras están cumpliendo la condena. Uno de los derechos que las personas condenadas perdían hasta hace pocos años era el de voto. En 2019, la ley 431 del 1 de julio devolvió a las personas condenadas con cárcel por delitos graves el derecho de voto. Otros derechos se pierden de por vida tanto en Nevada como en más de la mitad de los estados que conforman Estados Unidos, como, por ejemplo, el de formar parte de un jurado.

Sin embargo, a nivel cotidiano, el mayor obstáculo al que se tienen que enfrentar los condenados, tanto por delitos leves como graves, incluyendo hasta 2017 la posesión de cannabis, es la búsqueda de trabajo. La ley de Nevada autoriza expresamente a los empleadores a solicitar información sobre los antecedentes penales de los candidatos a un puesto de trabajo, aunque la Ley de Derechos Civiles del país prohíbe que se discrimine a un posible empleado en base a su historial delictivo. Pero la ley de Nevada también pone excepciones a esta protección de los derechos, protegiendo al empleador que decida no contratar a alguien si entre sus antecedentes constan delitos graves, entre los que se incluyó hasta 2017 la posesión de marihuana, en los siete años anteriores y en ningún caso si los trabajos son en casinos, de policía o en hospitales o programas de salud.