Marruecos se plantea el valor terapéutico del cannabis

La Comisión Nacional de Estupefacientes marroquí, dependiente del Ministerio de Sanidad, se reunió el pasado 11 de febrero para valorar las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a reconocer el cannabis medicinal. Esta reunión abre un debate oficial sobre las políticas antidroga del país magrebí.

Ha pasado cerca de un año desde que la OMS recomendó a la ONU suavizar el control sobre esta planta, retirándola de la Lista IV de la Convención de Estupefacientes de 1961, en la que se recogen las sustancias más peligrosas y sin valor medicinal, para pasarla a la Lista I, en la que se compilan las sustancias con propiedades terapéuticas. Desde entonces, el consumo de cannabis medicinal ha sido aprobado en países como Ecuador o Brasil. Ahora, de cara a la próxima reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, cuya celebración tuvo lugar entre el 2 y el 6 de marzo en Viena, el Ministerio de Sanidad marroquí comenzó a debatir cuál sería su voto ante las recomendaciones de la OMS, y, en consecuencia, sobre la legislación del propio país respecto a la marihuana.

Las recomendaciones de la OMS contemplan un sistema de control sobre el cannabis que no obstaculice sus usos médicos. Un punto en el que el voto de Marruecos tendrá gran valor, al ser tradicionalmente el mayor productor y exportador de cannabis a nivel mundial. Según el último Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de 2018, en 2017 había hasta 47.500 hectáreas cultivadas de cannabis, 500 más que en el año anterior, pero un 65% menos que en 2003.

Es en el norte del país, en la cordillera del Rif, donde se acumula la mayor parte de cultivos de cannabis y estos suponen la mayor fuente de ingresos de la zona. Y es así desde que en 1890, Hasán I concedió privilegios para este cultivo a varias tribus imazighen de este territorio. Cuando, en 1956, Marruecos consiguió su independencia de Francia, Mohamed V prohibió el cannabis en el país. Su sucesor, Mohamed no legisló sobre estos privilegios de cultivo o consumo, dejándolo sin base legal pero tolerándolo por el peso que este sigue teniendo en la economía nacional.

Actualmente, la ley en Marruecos castiga con penas de cárcel de dos meses a un año por consumo de cannabis, además de una multa de entre 500 y 5.000 dirhams —de 47,55 a 475,5 euros—, aunque generalmente se hace la vista gorda con el consumo. En cambio, y a pesar de que se haga vista gorda con el cultivo en el Rif, según el Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM), hasta 2015 45.000 agricultores rifeños fueron detenidos por plantar marihuana, enfrentándose a condenas de entre seis meses y dos años de cárcel.

En 2009, el principal asesor de Mohamed VI, FOuad Ali el Himma, pidió que se celebrara un debate nacional sobre el cannabis y se “renombrara” como un remedio herbal tradicional marroquí en vez de como una droga. Pero el intento no llegó a más. Ese mismo año, el periodista y activista Chakin Alkhayari fue condenado a tres años de cárcel. Alkhayari es el fundador de la Asociación de Derechos Humanos del Rif, que lucha por los derechos de las personas migrantes del África subsahariana que pasan por Marruecos y por la reforma de la política de drogas marroquí en el Rif. Su delito fue criticar la política sobre drogas de Marruecos y denunciar la corrupción dentro del ejército marroquí en torno al mercado clandestino de hachís. Según el periódico marroquí Annahar Al Magribiya, la detención habría estado relacionada con su “defensa de la legalización de la droga”.

En 2014, dos partidos —el PAM, de centroderecha, y el Istiqlal (PI), el partido más antiguo del país— impulsaron proyectos de ley para legalizar la producción de cannabis medicinal e industrial, y, en el caso de la propuesta del PAM, reclamando una amnistía para los agricultores imputados por cultivar cannabis, pero ninguna de ellas tuvo éxito.