Logros y retos en la política del cannabis en Andalucía

En el ámbito de las políticas de drogas, Andalucía ha sido una de las regiones pioneras en experimentar con modelos de reducción de daños, en presentar propuestas jurídicas alternativas a la prohibición de drogas y en poner en marcha modelos organizativos de la sociedad civil involucrada en el fenómeno de las drogas.

Ejemplo de ello fue el emblemático Programa Andaluz de Prescripción de Estupefacientes (PEPSA). Se trata del único ensayo clínico de prescripción médica de heroína de España, puesto en marcha en el año 2004 por la Escuela Andaluza de Salud Pública. Con este ensayo España se convertía en el cuarto país del mundo en distribuir diacetilmorfina a personas que habían fracasado en otros tratamientos de deshabituación, pasando de ser “adictos” a “enfermos crónicos.” Las personas que participaron en el programa apuntaban diferentes aspectos positivos del mismo: el tratamiento les permitía reorganizar su vida cotidiana, lo que implica una mejora en sus trabajos, su situación financiera, sus relaciones con la familia y amistades y su salud física y mental. Gracias a la voluntad política de las administraciones autonómica y estatal, más de 200 personas se beneficiaron, y siguen beneficiándose debido a la prórroga para uso compasivo, de un programa que ha mejorado sus vidas y las de sus familias.

Andalucía también fue cuna de un histórico manifiesto firmado por 35 juristas el 2 de diciembre de 1989, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. El Manifiesto por una nueva política sobre la droga fue firmado, entre otros, por el ex Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido. 25 años después de su firma, sus afirmaciones aún se mantienen vigentes. Un ejemplo de ello es la siguiente:

La actual política básicamente represiva tiene nefastos efectos sobre los imprescindibles esfuerzos dirigidos a la prevención, entendida como la promoción de actitudes vitales basadas en la autonomía y responsabilidad personales. Por una parte, fomenta la integración del consumo de drogas entre las pautas propias de la conducta rebelde, con la consiguiente atracción sobre la juventud. Por otra, permite eludir las responsabilidades de la propia sociedad sobre el citado fenómeno, dejándolo todo en manos de los órganos represivos.

Andalucía también dio a luz las bases jurídicas y los criterios que han servido de marco para la creación de los clubes sociales de cannabis. En 1999 la Junta de Andalucía solicitó al Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología un informe en el que se analizaban las condiciones que debería reunir un local para poder dispensar cannabis para uso terapéutico respetando el marco legal español. Aunque el informe, elaborado por Juan Muñoz y Susana Soto se publicó en el 2000, sus conclusiones se presentaron en 1999, en el marco de las jornadas “El cáñamo ante el nuevo milenio,” organizadas por la Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis de Andalucía (ARSECA) en la Facultad de Derecho de Málaga, con motivo del II concurso cannábico “La Bellaflor.”

En 2012, fueron de nuevo dos catedráticos de la Universidad de Málaga, José Luis Díez Ripollés y Juan Muñoz Sánchez, quienes redactaron un dictamen sobre la viabilidad legal de los CSC como modelo de autoorganización del consumo de cannabis. En su informe, Díez Ripollés y Muñoz Sánchez concluían que, teniendo en cuenta que los objetivos pretendidos con el modelo de Clubes Sociales de Cannabis (desvincular el consumo de cannabis del tráfico u otro tipo de ofertas ilícitas mediante la gestión por las propias personas consumidoras del cultivo y distribución, el impedimento de difusión indiscriminada de este tipo de sustancias y, del mismo modo, garantizar el consumo controlado y responsable del cannabis), el modelo sería legal –desde el punto de vista penal y administrativo- siempre que se cumplan, entre otros, los siguientes requisitos: se lleve a cabo entre personas adultas usuarias de cannabis, sin ánimo de lucro y en un circuito cerrado de personas previamente decididas a consumirla.

Por otra parte, un amplio y bien organizado movimiento asociativo en el ámbito de las drogodependencias dio lugar, en 1991, a la constitución de la Federación Enlace. Constituida en la actualidad por más de 100 Asociaciones y Federaciones Provinciales, está presente en todas las provincias andaluzas. La Federación ha constituido un papel clave tanto en la elaboración de documentos de análisis de las políticas andaluzas relacionadas con las drogas y de propuestas para su reforma como incidiendo políticamente para mejorar la situación de las personas afectadas por consumos compulsivos de drogas. Además, la Federación constituye un ejemplo de capacidad de consenso en un contexto de diversidad de enfoques y objetivos.

El movimiento cannábico también cuenta con una amplia trayectoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En 1996 se funda la primera asociación cannábica en Málaga, ARSECA, la cual organiza el concurso anual La Bellaflor con la participación de personas cultivadoras de toda la Comunidad Autónoma. Después le seguiría ARSECSE, en Sevilla.

La normalización del cannabis en Andalucía ha ido unida al desarrollo de su sector comercial. Andalucía cuenta con grow shops como el malagueño El punto eres tú, con más de 25 años de trabajo, bancos de semillas como Positronics o Kannabia, con proyección internacional, o distribuidoras como Planta Sur. Estas empresas, además de contribuir a la normalización, han acompañado al movimiento cannábico desde sus inicios. Un ejemplo de ello es el mítico grow shop sevillano Doble Zero, en cuyo local fue creada la asociación ARSECSE.

En los dos últimos años Andalucía ha experimentado un aumento exponencial de asociaciones cannábicas, bajo la fórmula de clubes sociales de cannabis (CSC). Aunque el desarrollo de los CSC ha seguido una evolución más pausada en Andalucía que en otras comunidades, aquí hemos pasado de tener 15 asociaciones en 2009 a más de 150 hoy día.

En la actualidad parte de los CSC andaluces, junto con organizaciones como la Federación Enlace, Energy Control y FACSUR, han unido sus esfuerzos para impulsar una regulación del cannabis en Andalucía. El reto es conseguir que los 150 clubes al completo, además de los grow shops y empresas ubicadas en nuestra comunidad autónoma, apoyen la iniciativa.

*Fuente de la Imagen de Cabecera: Samu Bético bajo CC BY-SA 3.0 es