Las asociaciones cannábicas se manifiestan como la clave contra el mercado negro

“Las personas usuarias de cannabis se merecen la respuesta que hasta ahora no han encontrado”, Patricia Amiguet.

Las asociaciones cannábicas federadas de Cataluña reivindicaron el pasado jueves, 24 de noviembre, en el Parlament de Cataluña, ser la clave en la legalización del cannabis . Esta cámara tiene como plazo este mes para debatir la propuesta de ley para la regulación del cannabis, que se admitió a trámite el pasado julio, a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la comunidad cannabica catalana.

El 24 de noviembre se celebraba la última comisión de estudio para la Iniciativa Legislativa Popular en el Parlament. La organización Som el que cultivem, que representa a las dos federaciones cannábicas de Cataluña, se reunió en esta cámara para hacer una exposición de los puntos que creen que tienen que introducirse en la ley que regule al cannabis. “Hemos expuesto nuestro posicionamiento como la voz de las personas usuarias y los representantes de las asociaciones cannábicas”, contaba a Yesweskunk Patricia Amiguet, activista responsable de dar voz a los miles de usuarios y usuarias cannábicas aquel día.

“Me siento muy feliz y emocionada por haber dado voz a las personas usuarias de cannabis en el Parlament de Catalunya. Gracias a tod@s l@s compañer@s que lo han hecho posible”. Patricia Amiguet escribía este mensaje en uno de sus canales de redes sociales al salir del Parlament el pasado jueves, 24 de noviembre. Esta mujer cannábica, técnica en materia de asociaciones y agente implicada en el proceso de regulación de las asociaciones cannábicas en Cataluña, comenzaba así su exposición en la cámara, “Represento la voz de más de 67.000 personas, miembros de asociaciones federadas, que apoyan una regulación integral de las asociaciones cannábicas”.

Según un cálculo, que tiene en cuenta datos de 2013, Amiguet expuso que, alrededor de 898.926 mil personas consumen cannabis en Cataluña. Sin embargo, la mayoría de ellas llega a la planta a través del mercado negro y el autocultivo, ya que el modelo que regula los Clubes Sociales Cannábicos (CSC) brilla por su ausencia y el propio cultivo es un hecho constitutivo de delito penal. Para los usuarios, la importancia de la regulación del autocultivo y la tenencia es clave. “Las asociaciones somos y debemos seguir siendo la respuesta a una problemática de la población usuaria de Cataluña. Una población que, mediante el proceso de la ILP, ha demostrado que quiere que se la escuche y que quiere tener todas las garantías de derecho para acceder al cannabis de una manera segura y a través de una red de entidades sin ánimo de lucro, reguladas por la administración aquí presente”.

En la exposición no olvidaron mencionar el comienzo del modelo de asociación cannábica, que en su día fue avalado por las sentencias de la ARSEC, Kalamudia y el informe que redactaron los juristas Juan Muñoz y Susana Soto. Este movimiento nació para dar una respuesta a las necesidades de los usuarios, sin embargo, las administraciones se han mantenido inactivas, pese a que se trata de un modelo que “ha sido continuo objeto de estudios, entrevistas, análisis, libros y tesis en todo el mundo. Y que siempre ha sido estudiado desde el punto de vista de viabilidad”. Amiguet continuaba expresando que este modelo de CSC podría ser el que en un futuro demuestre que la actual lucha contra las drogas ha fracasado de forma estrepitosa. Y que dé lugar por fin a un modelo basado en la educación y en la interacción con el usuario para realizar un acompañamiento adecuado y responsable de la sustancia.

Es paradójico que este modelo se haya quedado estancado por parte de las administraciones, ya que países que ya son ejemplo en materia de regulación como Uruguay o Canadá lo estudiaron para llevar a cabo sus propia regulación. “Con esta iniciativa tenemos la oportunidad de convertirnos no sólo en una propuesta de modelo de regulación, sino en el modelo referente de regulación que imita Europa”.

Durante la intervención Patricia Amiguet también habló de la necesidad de luchar contra la ambigüedad que supone el actual texto, para que se convierta en una herramienta útil, “que dé una respuesta real y efectiva y sea una pieza clave en la tarea de normalización del cannabis en la sociedad catalana, que como siempre, ha sido líder en materia de drogas y programas de sensibilización de diferentes sustancias”.

El retraso de la regulación en Cataluña conlleva un desgaste de las personas que a diario dan la cara por este movimiento y que ven necesaria la respuesta de sus políticos ya. Y es que son estas personas las que merecen una respuesta inmediata, ya que son ellas las que están pagando la consecuencia de la guerra contra las drogas con “multas, confiscaciones, daños personales traducidos en proceso de larguísimo enjuiciamiento, multas desorbitadas, miles de euros invertidos en la incautación de plantas pertenecientes a asociaciones que podían demostrar sus actividades asociativas y que, por culpa de la presión judicial, se han visto abocadas al cierre de sus sedes, por falta de capital y fuerza humana, horas de trabajo de los cuerpos de seguridad y de la administración que cada día paga el contribuyente y un sinfín de cuestiones que con una regulación clara de las asociaciones cannábicas se vería resuelta”.

Después de esta introducción, enumeraron las propuestas y cuestiones que, aseguran, deben estar contempladas en la futura ley. El primer punto tiene que ver con los mecanismos de control de calidad de democracia interna, que están relacionados con la obligatoria transparencia que tienen que tener las asociaciones, para que no se las relacione con capital extranjero. También está incluido el acceso al cannabis de forma segura, para que su trazabilidad esté clara desde el momento de la producción hasta su venta. Así se le puede asegurar a la persona consumidora la calidad, además de “la estandarización de precios de análisis, de protocolos de trazabilidad y bonificaciones económicas para las asociaciones que sigan los procesos (como las bonificaciones de los cursos de Reducción de Riesgos laborales o la LOPD)”.

En los puntos expuestos también estaban adjuntos el control de la producción bajo la demanda, mediante peritaje agrícola que asegure el circuito cerrado y esta producción; el peritaje agrícola que certifique que la cantidad estimada de producción se corresponde a la previsión de la asociación; protocolos de higiene y seguridad para los cultivos y sedes sociales; formaciones para los trabajadores en RdR y daños bonificados por la administración; reconocimiento del sector cannábico y del curso específico de reducción de riesgos laborales en el sector del cannabis.

Som el que Cultivem

También incluyeron epígrafes fundamentales, ya que inciden directamente en preparar a la sociedad para esta ley con programas de educación, sensibilización e información. Además de campañas mediáticas que se dirijan a toda la sociedad, con información sobre la nueva ley. Y la creación de un observatorio que vele por el cumplimiento de las buenas prácticas de las asociaciones y que pueda certificar a través de mecanismos que la asociación funciona bien. Y, por último, que la ley se revise y se analice después de su implantación.

“Parece que fue ayer cuando empezábamos a hablar de cuestiones muy técnicas y de posibles evoluciones de modelo, pero la verdad es que estamos aquí y que cada vez lo vemos como una realidad más tangible, de todo un proceso lento pero enriquecedor. […] Esta ley es el principio de este largo camino hacia el reconocimiento de nuestros derechos”, concluía Patricia Amiguet en un día histórico, que seguro se recordará cuando la legalización de la planta y la desaparición de estigmas sean ya una realidad en Cataluña.