La Ley Bancaria Segura SAFE aprobada en Estados Unidos de nuevo

El pasado 21 de septiembre fue aprobada, por votación oral en la Cámara de Representantes de EE. UU., la Ley Bancaria de Aplicación Justa y Segura. Esta enmienda, conocida como SAFE, tiene como finalidad proteger a aquellos bancos que prestan servicios a empresas legales de marihuana, de manera que no puedan ser penalizados en la aplicación de las regulaciones federales. Esta ley sería agregada a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA).

Esta ley ya fue aprobada en la Cámara en dos ocasiones, en 2019 y en 2020, y esta ya es la segunda vez este año. Aunque aún no ha sido elevada al Senado. La aplicación del proyecto de ley SAFE permitiría que las empresas legales de cannabis puedan tener acceso a los servicios bancarios básicos (préstamos, crédito, financiación de deudas) de manera segura y sin que esto comprometa en lo jurídico a las entidades bancarias que prestan estos servicios, que pueden llevar incluso a sanciones.

Actualmente, con la ley vigente y a pesar de tratarse de negocios legales en muchos estados, su ilegalidad a nivel federal impide de facto a los bancos trabajar con estos negocios, ya que se exponen a ser sancionados por ello, de manera que la industria del cannabis se encuentra con manifiestas dificultades en el aspecto financiero, así como empujada a realizar la mayor parte de las transacciones financieras de sus negocios en efectivo, lo que en palabras de Steven Hawkins, presidente ejecutivo del Consejo de Cannabis de Estados Unidos, resulta “anacrónico” y “una amenaza para la seguridad pública”.

En 2020, por ejemplo, en Estados Unidos se vendieron más de 17.000 millones de dólares en cannabis legal en transacciones de dinero en efectivo en su mayoría. Según New Frontier Data, las ventas legales ese año en la industria del cannabis fueron de 20.300 millones de dólares.

La aplicación de la ley SAFE contribuiría a normalizar el acceso de la industria del cannabis a los servicios bancarios, repercutiendo directamente en la creación de trabajo de calidad y en la reconducción de ese dinero a la economía nacional. Otro factor positivo es la reducción del riesgo de los delitos violentos, con lo que disminuiría la amenaza a la seguridad pública que eso supone.

Pese a contar con un amplio apoyo popular y un gran respaldo en la Cámara, algunos de sus defensores mantienen que deberían producirse cambios integrales en las leyes sobre la marihuana que pongan fin a la prohibición. Consideran que no es apropiado abordar una reforma que actúa sobre la industria ayudando básicamente a empresas e inversores, sin afrontar todos los daños ocasionados tras décadas de aplicación de prohibiciones. Es decir, sin contemplar la reparación. Urgen a una legalización previa que se centre en la equidad y la justicia social, para abordar luego otros problemas de la industria en sí misma.

Esto podría complicar el proceso, ya que la apuesta por una política más audaz podría arrastrar a votar en contra de la ley a algunos representantes, sobre todo demócratas moderados y republicanos, que aún se encuentran indecisos, dificultando finalmente la aprobación de la reforma en el Senado y la posibilidad de una aplicación real de la misma.