La industria del cannabis y las comunidades indígenas enfrentadas

En Colombia la industria del cannabis está teniendo consecuencias imprevistas y preocupantes para los pueblos indígenas, que se enfrentan a un déficit de tierras para destinar a sus cultivos tradicionales, lo que perjudica la soberanía ancestral de los indígenas y razón por la cual reclaman medidas a las autoridades.

Desde que en 2016 se legalizase en el país el cultivo, procesamiento y exportación del cannabis para uso médico, otorgándose las primeras licencias para ello y tras el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), se han producido importantes y cuantiosas inversiones extranjeras en explotaciones y laboratorios por valor de más de 400 millones de dólares en el país. El clima, la localización y los bajos costes de producción convierten a Colombia en el lugar ideal para estas compañías que encuentran allí grandes facilidades. Empresas canadienses y también estadounidenses, como PharmaCielo o One World Pharma entre muchas otras, disfrutan de licencias para la producción y distribución de productos derivados del cannabis y su intención es seguir creciendo e invirtiendo. Pese a que las empresas establecen lazos colaborativos con asociaciones al servicio de comunidades indígenas y de los miembros de estas, la actividad de estas grandes compañías supone un riesgo para las tradiciones de estos pueblos, y estas comunidades temen tanto los posibles riesgos sociales como la desaparición de sus propios cultivos y medicinas tradicionales.

Por todo ello se han pronunciado las autoridades ancestrales de estas comunidades indígenas, que se mostraban preocupadas por posibles conflictos y disputas por el territorio entre los distintos agentes sociales involucrados en el negocio del cannabis. Aseguran que la situación de los misak -pueblo originario del sur de Colombia– ha empeorado ante el déficit de tierra originado por el monocultivo de cannabis, por el cual en estos momentos, por ejemplo, la tierra disponible en la reserva de Guambia para uso agrícola es tan solo de un 22% del total, ya que el 78% de este terreno está protegido por tratarse de zonas sagradas o importantes ecosistemas. Señalan que la ocupación de estas tierras por parte de las multinacionales para producir cannabis las arrebata a las propias comunidades indígenas, que las precisan para satisfacer sus propias necesidades, lo que es irrespetuoso con el legado ancestral y contraproducente para esos cultivos tradicionales y para el propio autoabastecimiento de los miembros de la comunidad.

Otro de los peligros, como señala el vicegobernador misak del Consejo Ciudadano de la reserva de Guambia, Taita José Pillimue, es que el pueblo se muestra dividido ante esta nueva situación. Algunos agricultores han perdido el respeto a las autoridades ancestrales que protegen la tierra y se han abandonado los cultivos tradicionales. Esto está ocurriendo porque algunas empresas dirigidas por misak se han asociado con multinacionales extranjeras dedicadas al monocultivo de cannabis. Aun así, las autoridades misak han manifestado en un comunicado su postura: se niegan a vender su fuerza de trabajo siendo obreros de una empresa extranjera y no se someterán a la instalación de régimen corporativo alguno en sus territorios. Recuerdan, además, que en los congresos nacionales celebrados en 2017 y 2019 se prohibió expresamente la “intromisión de monocultivos o formas de economías externas que afecten y dañen el equilibrio de nuestras soberanías ancestrales indígenas Misak”. Reclaman así que sea el propio Gobierno colombiano quien limite el acceso a las corporaciones internacionales para proteger su cultura y su estabilidad económica y social.

“Las empresas multinacionales que acumulan riqueza para los países industrializados no son bienvenidas”, enfatiza Pillimue.