España ante la regularización del cannabis

Las reivindicaciones en nuestro país a favor de la legalización del cannabis se remontan treinta años atrás. Ya en aquel momento, asociaciones pioneras en la defensa y el estudio del cannabis, como ARSEC, pedían la regulación de su consumo y cultivo. La labor divulgativa de estas entidades, así como su activismo, permitió el nacimiento de los llamados Clubs Sociales de Cannabis (CSC), obteniendo el reconocimiento y aceptación de las administraciones de cercanía.

Ahora, treinta años después, nos encontramos en un momento en el que se están produciendo grandes cambios en este sentido y lugares como Estados Unidos y México avanzan en la legalización de la marihuana, también Paraguay, Colombia o Jamaica, que se encuentran más cerca de su despenalización. Este contexto internacional podría ser favorable para la regularización en España, y así parecen indicarlo algunas iniciativas recientes al respecto.

Formaciones como Unidas Podemos apuestan por ello. Con un proyecto de ley en pos de la regulación integral del cannabis, la formación morada tiene por objetivo llevarla al Congreso en la segunda mitad de la legislatura, sin descartar la posibilidad de presentar una proposición de ley que les permita contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios. Grupos como PNV, que considera que la regulación debe tener un enfoque sanitario, o Ciudadanos y JxCat, que apoyan la regulación del cannabis medicinal, excluyendo el uso recreativo, podrían ser apoyos muy a tener en cuenta. Desde PNV se apuesta por escuchar a los agentes implicados para dar una respuesta adecuada a toda cuestión relativa al cannabis terapéutico, sin perder de vista todo lo referente a bases jurídicas, científicas o incluso, dificultades técnicas a la hora de implementar iniciativas. Desde PSOE, sin embargo, sostienen que la iniciativa no se encuentra recogida en el programa de Gobierno y descartan que se trate de una prioridad.

En UP se pretende una regulación integral, enfoque compartido con ERC, mediante un sistema de licencias de control estatal y de puntos de venta, así como para el autocultivo. Las licencias, según los distintos borradores sobre los que se trabaja, se otorgarían para producción, distribución y venta, pero no para consumo, de manera similar a como se establece en Canadá. En Uruguay, por ejemplo, sí hay un sistema de registro de usuarios. Se contempla así mismo la política punitiva en caso de venta a menores desde los locales de venta y retiradas de licencias inmediatas por incumplimiento de la legislación. Tampoco se pierde de vista en estas iniciativas los programas de prevención y de divulgación, haciendo hincapié en la información para control de riesgos. Según Más Madrid, los únicos datos que sustentan una política prohibicionista serían los atribuidos a recaudación por multas. Desde esta formación sostienen que un acceso legal al cannabis beneficiaría a consumidores e industria.

Mientras tanto, el OECCC (Observatorio Europeo del consumo y Cultivo de Cannabis) alertaba de que España no ha consultado a la ciudadanía sobre el diseño de políticas públicas de cannabis con el fin de fijar su postura ante la apertura del mercado a la producción de cannabis medicinal, información que solicita a los distintos países la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas), que vela por el control de sus acuerdos de drogas. Esto coincide con la publicación de una nota informativa sobre el cultivo del cáñamo del Ministerio de Agricultura en la que se prohíbe la comercialización de partes del cáñamo como la flor o derivados al considerarlos estupefacientes (independientemente de que hayan sido producidas legalmente) y que contradice, sin embargo, una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 2018 que afirma que para impedir el comercio es necesario presentar pruebas de que la peligrosidad por la que se obstruye este, se basa en consideraciones que no son meramente hipotéticas.