El Gobierno otorga una nueva licencia para producir cannabis medicinal

La AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha concedido recientemente a Medalchemy, empresa con sede en Alicante pero integrada en una compañía con base en Gran Bretaña, una licencia de producción de cannabis con fines médicos y científicos. Lo curioso del caso es que su uso no está permitido en España, por lo que toda su producción, legal gracias a la licencia otorgada, deberá destinarse a exportación a países donde sí se contemple su comercialización.

Esta nueva autorización de producción fue aprobada tras una inspección de la empresa y la emisión de un certificado de cumplimiento de Normas de Correcta Fabricación, y autoriza a esta empresa a cultivar y producir cannabis sativa y derivados para fines médicos y terapéuticos.

Tras la obtención de esta autorización, Medalchemy podrá comenzar con la producción de productos de cannabis medicinal de manera inmediata en España, pero sin embargo, su distribución deberá realizarse en otros países donde la legislación nacional lo permita. En España es imposible, ya que actualmente, la única normativa vigente sobre el cannabis es la aprobada durante la dictadura franquista al respecto y es ilegal tanto su consumo como su comercialización.

Esta es la primera autorización para producción de cannabis medicinal que se realiza desde que el país se encuentra bajo el mandato en coalición de PSOE y Podemos. Pese a que Iglesias elaboró una proposición de ley durante la anterior legislatura para abordar el asunto de la legalización del cannabis, incluso en su aspecto recreativo, durante este mandato, en el que él es vicepresidente segundo, no ha emprendido ninguna medida al respecto. Y ello pese a que en España esta planta es utilizada por miles de personas para el tratamiento de diversas enfermedades y dolencias. De hecho, desde las asociaciones de usuarios de cannabis reclaman su regularización para evitar tener que verse obligados a recurrir al mercado negro, lo cual les despoja de las mínimas garantías de calidad.

Desde ámbitos jurídicos y sanitarios se critica que las licencias de producción se den a conocer una vez otorgadas, pero no así los criterios por los que se dan o deniegan, ni el tipo de baremo aplicado. Se desconocen así mismo las razones por las que se deniegan a otros solicitantes y no se informa del tipo de semilla que se permite cultivar y cual no. Se denuncia que esta opacidad, en el contexto de una burbuja mundial especulativa en la producción de cannabis, favorece la corrupción. Además, se denuncia que este proceso favorece a grandes empresas frente a pequeños cultivadores.

En este momento son cuatro las empresas con autorización en España para producir productos cannábicos para fines médicos y otras seis la tienen para cultivar con fines de investigación. Entre 2018 y 2019 se recibieron en la AEMPS 44 solicitudes de las cuales fueron denegadas la gran mayoría.