Despenalización del uso de drogas en Francia, una cuestión de derechos humanos

La Comisión Nacional Consultativa de los Derechos Humanos (CNCDH) se ha pronunciado este pasado martes 8 de noviembre, a favor de la despenalización del uso del cannabis en Francia. En su informe (que puede consultar en francés aquí) califica de “fracaso” el dispositivo actual de represión y de “indigentes” a las políticas de prevención y de Sanidad Pública actualmente en vigor.

Al día siguiente de la apertura de la primera sala de consumo de drogas de bajo riesgo en París, objeto de virulentos debates que demuestran la extrema sensibilidad del tema para la sociedad francesa, la alta autoridad administrativa publica un completo informe sobre el impacto de las políticas de drogas en los derechos de las personas. La Comisión, compuesta de 64 personalidades y representantes de organizaciones de la sociedad civil, ha consultado a una quincena de personalidades (magistrados, comisarios de policía, médicos…) sobre esta espinosa cuestión.

 “Respetemos la dignidad de las personas. Despenalicemos el uso de todas las drogas”. Con este lema, que podría parecer sacado de una pancarta de la Marcha Mundial de la marihuana (MMM), arranca el comunicado de prensa de presentación del informe de la CNCDH. En palabras de su directora, Christine Lazerges, “es urgente salir de lógicas binarias que oponen usuario a delincuente y usuario a enfermo, represión y despenalización, que no funcionan, para adoptar resueltamente un enfoque de la regulación del uso de drogas en Francia fundada sobre los derechos humanos”.

“Un usuario de drogas es y debe considerarse un ciudadano, que debe poder gozar del reconocimiento de todos sus derechos”, explica la Comisión cuya misión es “interesarse por la persona, por el respeto de su dignidad y por la efectividad de sus derechos, y no solamente por los productos, cuan peligrosos puedan ser”. Según este organismo consultivo la actual política de drogas francesa atenta contra tres derechos fundamentales: el derecho a la libertad individual (que supone “poder elegir sobre su propio cuerpo y sobre su modo de vida”); el derecho a un juicio justo (los jóvenes provenientes de minorías visibles o los indigentes son controlados mucho más a menudo que otros sectores de la población); y el derecho a la protección de la salud.

El uso de estupefacientes en Francia está prohibido por la ley del 31 de diciembre de 1970 y es posible enfrentarse a un año de encarcelamiento y/o a una multa de 3.750 euros. Sin embargo, el cannabis es de lejos la sustancia más consumida por los franceses: 17 millones de personas la han probado y cerca de 1’5 millones declaran utilizarla al menos diez veces al mes, según las cifras del Observatorio Francés de las Drogas y de las Toxicomanías.

A pesar de lo que podría suponerse, la tendencia en Francia no se encamina hacia la inflexión de la represión. Más bien al contrario: el número de personas interpeladas por la policía o la gendarmería por infracción a legislación sobre estupefacientes se ha multiplicado por 50 desde la ley de 1970, pasando de 4.000 a cerca de 200.000 en 2013. En el periodo de 2000-2013, se observa incluso un aumento del 90%, según datos extraídos del estudio “Treinta años de respuesta penal al uso de estupefacientes” publicado en octubre de 2015 por Obradovic (Tendances, nº 103, OFDT).

Basándose en este contexto y tras una amplia revisión del status quo (que ocupa 61 páginas de las 108 que comprende el informe completo), el órgano consultativo no duda en calificar de “fracaso” al actual dispositivo de represión, especialmente por su incidencia en las “indigentes” políticas de prevención y Sanidad Pública. Para salir del impasse, la CNCDH aboga por una modificación de la legislación que no busque “prohibir el uso” de determinados estupefacientes como el cannabis, sino “favorecer un uso responsable, como ya es el caso para el alcohol o el tabaco”. En este sentido, el texto invita a “restablecer la jerarquía entre lógica de salud y lógica de sanción, poniendo el énfasis en la primera”.

La recomendación de la Comisión es clara: “despenalización del uso de productos cannábicos” a los que distingue claramente de otras drogas que comparten actualmente con la marihuana el mismo estatus delictivo. Para otros productos estupefacientes, el CNCDH propugna “la transformación del delito de uso en contravención de quinta clase” lo que impide “la privación de libertad que supone el simple uso”, manteniendo la intención de “disuasión”. La salida del campo penal del uso de cannabis y el control de los circuitos de suministro constituye, según la CNCDH, “una respuesta pragmática a una realidad social”.

Despenalización del uso del cannabis en Francia

Otros cuatro puntos acompañan a la despenalización como propuestas del órgano consultativo para “contribuir a profundizar en el debate sobre las drogas y las libertades”, a saber:

• Renovar el marco legislativo para que cese la estigmatización social de los usuarios de drogas. El CNCDH recomienda la inserción del concepto de adicción en el código de la Sanidad Pública, y convertir la ” lucha contra las adicciones “, cualquiera que sea el producto, en una prioridad de los poderes públicos.
• Diseñar una verdadera política de prevención destinada a toda la sociedad. “Los programas de prevención deben informar a un público muy amplio sobre la peligrosidad de los productos adictivos y, en ningún caso, causar oprobio en los usuarios”. Centrarse en analizar el por qué de las conductas adictivas, particularmente entre los adolescentes, debería ser la línea a seguir según la CNCDH.
• Reforzar la atención sanitaria y social y la política de reducción de riesgos. La CNCDH lamenta que el usuario continúe a ser percibido como “generador de perjuicios públicos ” y no como una persona que sufre una adicción. Por ello recomienda reforzar los medios humanos y financieros destinados a la política de reducción de riesgos y a la atención médico-social que, en 2014, contaban con menos del 30 % del presupuesto para la política de lucha contra las drogas y la toxicomanía.
• Promover una revisión del sistema de convenciones de la ONU. El informe desafía a Francia a que se convierta en el motor para impulsar la redefinición del plan de acción de la ONU sobre las drogas prevista en 2019. El objetivo es que esta nueva dinámica, iniciada por el Consejo de los derechos humanos en septiembre de 2015 y por el UNGASS 2016, se haga “en el marco de una gestión global, integrada y equilibrada, que respete plenamente todos los derechos humanos […] protegiendo la salud, la seguridad y el bienestar de los individuos, las familias, los miembros vulnerables de la sociedad, las comunidades y de la sociedad en conjunto”.

La aparición de este informe de la CNCDH se enmarca en un contexto de ligera apertura dentro de la política francesa. La actual Ministra de Sanidad, Marisol Touraine, declaró recientemente que “un debate sobre la naturaleza de la sanción” del cannabis se imponía. Por el momento, no se ha hecho pública ninguna reacción política al análisis y las conclusiones de la Comisión.