Cannabis en Francia: de la prisión a la multa, sin prevención ni reducción de riesgos

El nuevo Ministro del Interior, Gérard Collomb, ha anunciado que “en tres o cuatro meses” el uso del cannabis en Francia dejará de ser considerado como un delito castigado con 3.750 euros y un año de prisión, sino que se sancionará con una contravención inmediata de poco más de 100 euros. Los expertos en adicciones y las asociaciones ciudadanas han criticado la medida, pues no supone ningún avance en materia de salud pública.

Emmanuel Macron había prometido en su programa electoral que modificaría la Ley que regula el uso de estupefacientes en Francia y que data de 1970. Poco menos de un mes después de que asumiera la Presidencia, su Ministro del Interior (Gérard Collomb) ha hecho pública la intención del Gobierno de poner en marcha la contravención simple por uso o posesión de cannabis en un plazo de “tres o cuatro meses”.

El objetivo de la ley: “Aligerar el tiempo de trabajo de los policías y los jueces”, Christophe Castaner

Por tanto, el consumo y la posesión de cannabis ya no serán juzgados por un tribunal correccional ni será motivo para ir a la cárcel. Sin embargo, continúa siendo una infracción penal. Tal y como precisó el portavoz del Gobierno, Christophe Castaner, pocos días después del anuncio del Ministro del Interior, la contravención será de “unos cien euros con pago instantáneo”, lo que “no excluiría otras medidas coercitivas que pueden ir hasta la prisión si la persona no paga sus multas o no se aviene a la ley”.

Christophe Castaner, portavoz del Gobierno francés.

¿Se trata de un paso hacia la despenalización de la marihuana en Francia? No, a tenor de las razones avanzadas por el portavoz del Gobierno a France Info: “El año pasado, 180.000 personas fueron interpeladas por uso de estupefacientes. El término medio es de seis horas de procedimiento para el policía o el gendarme, así como para el magistrado encargado del expediente. El resultado fueron 20.000 amonestaciones o mandatos judiciales de asistencia terapéutica[i]. El sistema no es eficaz”. El objetivo principal que persigue la modificación de la actual ley es: “aligerar el tiempo de trabajo de los policías y los jueces para que estén presentes en los asuntos esenciales”.

Prueba de ello es que uno de los pocos colectivos que ha mostrado su apoyo a la futura medida, es el sindicato de la Policía francesa: “Ésta es una antigua reivindicación sindical que responde a la petición de simplificación y de alivio del trabajo de las fuerzas del orden”, se complace Philippe Capon, secretario general del UNSA. Sin embargo, para Laurent Mucchielli, director del programa de investigación del Observatorio regional de la delincuencia y de los contextos sociales, la reforma es insuficiente. “El verdadero debate debería ser el de la despenalización reglamentada. Hay que acabar con la idea de que la droga va a desaparecer. Las contravenciones, es un buen principio, pero estamos lejos del fondo del asunto. Hace falta coraje para ir más lejos”, apostilla Mucchielli.

“Al contrario que sus vecinos, Francia prosigue con una política de represión constante hacia los consumidores”, FFA

Los especialistas en adicciones y las asociaciones civiles comparten la misma opinión. La Federación Addiction, la FFA (Fédération française d’Addictologie) o incluso la organización ciudadana Echo han expresado su frustración en sendos comunicados. Estos colectivos de profesionales y de ciudadanos consideran que la medida sólo se interesa en el aspecto represivo y pretende, ante todo, simplificar el trabajo de la policía. Mientras que el componente sanitario (es decir, la ayuda que se puede aportar a los usuarios más vulnerables, la prevención o la reducción de riesgos) ha sido completamente olvidado.

“Al contrario que sus vecinos, Francia prosigue con una política de represión constante hacia los consumidores sin ningún resultado. Nuestro país tiene los niveles de consumo de cannabis más elevados de Europa entre los jóvenes”, destaca la FFA. “Si el tráfico de droga genera delincuencia y criminalidad, el uso causa esencialmente sólo daños sanitarios a los consumidores. Debemos tomar nota de esta realidad: la represión sola no tiene ninguna eficacia contra el uso y sus consecuencias eventuales sobre la salud”, insisten desde la Fédération française d’Addictologie, quienes invitan a llevar a cabo “una amplia concertación que asocie los ministerios de Salud, Justicia, Interior y Educación Nacional a las asociaciones y actores de la prevención y de la atención sanitaria”.  

Por su parte, la Federación Addiction reclama “más apoyo de las familias, el fortalecimiento de la intervención precoz en los jóvenes, el acceso al cannabis terapéutico y la implantación de una verdadera política de reducción de riesgos en el marco de una regulación global del uso de cannabis”.

En la misma línea, el lobby Echo pone de relieve el peligro de acabar instaurando una ley “a dos velocidades” que causaría “desigualdad de los ciudadanos frente a la misma infracción”. “La contravención no afecta al conjunto de la sociedad de la misma manera. Para las categorías de personas vulnerables, tales como los más precarios, los parados, los jóvenes de barrios populares… una multa puede ser una carga aplastante. Los consumidores que pueden permitírselo consumirán en su domicilio y no serán objeto de sanciones”, señalan.

“Esto no es la despenalización, es la contravención. Nos mantenemos en lo penal”, Christophe Castaner

Hasta que la reforma se ponga en marcha (durante el año 2017, según fuentes del ejecutivo) hay tiempo para que la sociedad francesa reflexione abiertamente sobre los pros y los contras de la solución que propone Macron al status quo actual. Lástima que según precisó Christophe Castaner: “Esto no es la despenalización, es la contravención. Nos mantenemos en lo penal. Emmanuel Macron no desea abrir este debate porque consumir estupefacientes sigue siendo grave y peligroso para la salud, en particular para las más jóvenes”.

[i]El mandato judicial de asistencia terapéutica es un elemento del derecho francés, establecido en 1970 al mismo tiempo que el “delito de uso”; corresponde a una obligación de cuidado sanitario a cambio de una remisión de la pena. El recurso al orden terminante terapéutico no puede efectuarse sin que exista un procedimiento previo.