Arranca la cuenta atrás para la regulación del cannabis medicinal en España

“Las cosas de palacio van despacio” es un dicho que adquiere todo su sentido cuando se aplica a la legislación española. Y es que, 8 meses después de aprobarse en el Congreso de los Diputados la formación de una subcomisión para analizar las experiencias de otros países, y después de 4 meses de constituirse en la Cámara Baja dicha subcomisión, por fin el miércoles 16 de febrero celebrará su primera reunión de cara a acordar (y aprobar) un informe que, si todo marcha como se prevé, pueda convertirse en la base sobre la que se asiente una posible regulación del uso del cannabis con fines terapéuticos en España.

Esta subcomisión es una versión reducida de la Comisión de Sanidad del Congreso y analizará las experiencias promovidas por distintos Gobiernos que tienen en marcha programas de uso terapéutico de cannabis, mientras también se escucha a cuantos agentes y personas expertas se considere oportuno de cara a establecer un marco regulado en España.

Pero analicemos en profundidad este anuncio, contestando una serie de preguntas:

¿Qué se tratará en esta primera reunión?

Según han informado desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) citando fuentes parlamentarias, en esta primera reunión se va a debatir cómo se va a trabajar en esta subcomisión y «posiblemente» los ponentes nacionales e internacionales que participarán para compartir la evidencia científica al respecto.

¿Cuánto durará su trabajo?

Según la propia información que ya se puede leer en la web del Congreso, la subcomisión tiene de plazo hasta las 18:00 h del próximo 20 de mayo para elaborar el informe de conclusiones, que será remitido al Gobierno para que sea utilizado en la regulación del cannabis como uso médico en España.

¿Cuándo podría votarse la regulación del cannabis medicinal?

Desde el Observatorio han añadido que las mismas fuentes parlamentarias les han confirmado que es “muy probable” que el informe de la subcomisión se materialice en una regulación que podría llegar al Congreso y ser votada a finales de este mismo mes de junio.

¿Tiene posibilidades de salir adelante en ese plazo?

En 2021, y tras el giro del PSOE que había negado en ocasiones anteriores la evidencia científica de las cualidades terapéuticas del cannabis, todos los partidos votaron a favor de la creación de la subcomisión propuesta por los nacionalistas vascos del PNV, menos VOX y PP. Sin embargo, el PP “dice ahora que sí que lo apoyaría”, ha explicado Carola Pérez, presidenta del OECM. Pero exigen antes la elaboración de un libro blanco sobre el uso médico del cannabis.

¿Qué implicaciones tiene esta exigencia?

Dicho libro blanco debería ser realizado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para que recoja la evidencia científica, algo que puede dilatar mucho el proceso y puede que lo condene a que no se pueda avanzar hacia una regulación en esta legislatura. Sin embargo, también es muy posible que el PP pueda torpedear esta propuesta con objetivos puramente electorales. En cualquier caso, si no es por unanimidad será por mayoría y se elevará el informe al Gobierno para que legisle a partir de él.

¿Existe evidencia científica suficiente?

Esta subcomisión debería centrarse en el debate sobre garantías y modelos. “Sería absurdo que se arrancara, otra vez, con la búsqueda de la evidencia científica del uso medicinal del cannabis” apuntan desde el OECM. Y es que, recientemente, los organismos internacionales han avalado las propiedades de esta planta, como la Organización Mundial de la Salud en su informe de junio de 2019 o la Organización de Naciones Unidas (ONU) al reconocer oficialmente en diciembre de 2020 la utilidad medicinal del cannabis.

¿Cómo sería este marco regulatorio?

La propuesta original del PNV promovía la aprobación de un marco legal para el uso del cannabis medicinal en España a través del Sistema Nacional de Salud y con prescripción médica. Pero los expertos consideran que los modelos más establecidos a nivel internacional son «mixtos», es decir, con compañías privadas que hacen los productos y con el Estado para «velar» por su correcta distribución. «Que nadie se quede fuera por razones económicas, sociales, éticas… sino que fuera gratuito y cubierto por la Seguridad Social», ha explicado el OECM.

Conclusión

Existen muchas esperanzas puestas en este trabajo para analizar con objetividad el estado actual del cannabis para uso medicinal y escuchar a la sociedad civil y los pacientes. Pero, sin duda, el principal escollo puede ser el tiempo: si la subcomisión apura los plazos marcados (que incluso son prorrogables) entregará su texto en mayo, lo que dejará al Gobierno para legislar año y medio escaso hasta las próximas elecciones (en noviembre de 2023 si no hay adelanto). Por tanto, lo único seguro es que se ha puesto en marcha el reloj de la ansiada regularización del cannabis medicinal. Que sus agujas se paren este año o, incluso el siguiente, posiblemente entre en el difuso terreno de la duda razonable.