Alexis Ponce: “Quieren hacer del cannabis medicinal en Ecuador un negocio empresarial”

Desde el pasado junio en Ecuador, ya se puede producir y comercializar cannabis con fines terapéuticos e industriales. El consumo seguirá a la espera de la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP) —equivalente ecuatoriano del Código Penal español—. El 21 de junio fue la fecha fijada por el Ministerio de Agricultura de este país para tener lista la normativa sobre el cannabis medicinal, según anunció en rueda de prensa en mayo Andrés Luque, subsecretario de Producción Agrícola de este ministerio. Con ella, la institución comenzará el proceso de otorgamiento de licencias para importación y producción de semillas, y para siembra y cultivo con fines de investigación, procesamiento, industrialización exportación y comercialización de biomasa de cannabis —material de desecho de cannabis que no se usa como alimento— o de aceite crudo de cannabis no psicoactivo.

Pero la reforma legislativa que regula el consumo de cannabis medicinal nace con una enorme tara de cara a los derechos de los consumidores: está enfocada más en las empresas y en los beneficios económicos que en los derechos de los usuarios. El subsecretario de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura especificó en su última comunicación que no se permitirá el autocultivo de cannabis medicinal, afirmando que no sería posible su control por las semejanzas entre el cannabis no psicoactivo —con menos de un 1% de thc en peso seco— y el psicoactivo. “En una casa o un garaje es difícil reconocer visualmente si una planta tiene ingredientes psicoactivos o no, fenotípicamente son iguales”, afirmó el subsecretario. También concretó que las licencias para el cultivo, producción y comercialización de cannabis medicinal solo podrán ser solicitadas por personas jurídicas, entidades públicas, cooperativas y asociaciones domiciliadas en Ecuador con el objetivo de evitar “la informalidad”.

“El 19 de diciembre, cuando entró en vigor la despenalización del cannabis medicinal, nos desalojaron porque querían hacer de esto solo un negocio empresarial”, explica Alexis Ponce, portavoz de la Agrupación de Pacientes y Familias por el Cannabis Medicinal en Ecuador y cuya hija sufre el síndrome de Angelman.

Alexis Ponce y familia. Imagen «El Comercio»

Esta organización fue, precisamente, la que impulsó la reforma legislativa que legaliza el cannabis medicinal en Ecuador, un proceso que comenzó en 2016 a raíz de que Nelly Valbuena, paciente con cáncer y esposa de Ponce, pidiera al Defensor Público General —equivalente al Defensor del Pueblo en España— que propusiera una reforma del COIP con la que se legalizara el uso medicinal y paliativo del cannabis.

“En 2017 empezamos la lucha pública, no porque lo quisiéramos, no éramos consumidores, pero sí éramos familiares de pacientes oncológicos”, explica Ponce, que señala que, de las decenas de familias que se unieron a esta lucha a mediados de 2018, cuando nació la Agrupación de Pacientes y Familias por el Cannabis Medicinal en Ecuador, han llegado a ser miles.

Ponce ha sido activista por los derechos humanos desde hace 30 años y también participó en el proceso que llevó a la despenalización de la homosexualidad en 1997. “Aplicamos la misma estrategia de lucha —señala—, nos dijimos que, para que una lucha sea eficaz, uno tiene que pararse en la sociedad en la que vive”. Explica que, aunque en Ecuador ya habían existido y existen movimientos sociales que luchan por la legalización de todos los usos del cannabis, ellos sabían que la lucha era gradual. “Uno tiene que luchar de acuerdo a la sociedad en la que está y la posibilidad que potenciaba esta lucha aquí era el dolor”, añade lamentando que esta elección produjo que muchos intelectuales cannábicos del país se les opusieran. “Consideraban que era una lucha retrógrada, pero partimos aguas y dijimos que seguíamos con nuestra estrategia, que nosotros no vamos a seguir a fumar a la calle, que lo hagan otros; nosotros somos padres y madres de niños con problemas sanitarios: epilepsia, cáncer, fibromialgia. Nuestro discurso era ético y no podía ser discutido por los poderes, porque en esto se nos iba la vida”.

El activista recuerda que, cada semana que su reclamación de regulación del cannabis medicinal seguía sin ser escuchada, llevaban al Gobierno los partes de los pacientes que necesitaban el cannabis medicinal que iban muriendo. “Todos pueden esperar, pero no nosotros; en esto se nos va la vida, el dolor y la condición de dignidad humana de nuestras familias, y no ya el derecho al buen vivir, que ya está en la Constitución, sino al buen morir, que no está contemplado”.

Ponce fue invitado, junto a otras catorce personas de la Agrupación de Pacientes y Familias por el Cannabis Medicinal en Ecuador, a hablar frente a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional de Ecuador en mayo de 2019 en el marco del debate sobre la aprobación de un paquete reformas legislativas entre las que se incluía la legalización del cannabis de uso terapéutico, que finalmente fue aprobada el 17 de septiembre. “El día 19 ya nos querían desalojar a patadas de la memoria tanto medios de comunicación como el Estado”.

Alexis Ponce. Imagen «El Comercio»

Una noche antes de que entrara en vigor la reforma del Código Penal que permitía el consumo terapéutico, Ponce señala que el Gobierno incluyó en la propuesta el cáñamo industrial para este segundo momento, que es la regulación de la producción y comercialización.

“Han hecho un desalojo de lo popular, de lo democrático que se planteaba sobre el cannabis medicinal porque ya estaban interesados en el negocio”, explica el activista.

Desde su organización denunciaron la falta de transparencia en torno a la elaboración del reglamento que el 21 de junio se previa que estuviese listo y Ponce explica que finalmente el Ministerio de Agricultura se vio obligado a que permitiera que todos los grupos cannábicos, incluido el de familiares de pacientes, pudieran revisar el reglamento, y Ponce pudo ver que en su borrador se especifica que las licencias para el cultivo no pueden ser otorgadas a particulares pero que, además, para que una empresa ecuatoriana opte a obtener licencia, tiene que contar con un acuerdo de colaboración con una empresa extranjera. “Nosotros estamos de acuerdo con todo lo que no sea que nos den gato por liebre, con una regulación que no signifique que se aprovechen de familias como la nuestra o se aprovechen ni vivan de nuestro dolor”, subraya Ponce.

Y es que los beneficios económicos de la regulación del cannabis medicinal es la principal razón que ha llevado al Gobierno ecuatoriano a aprobarla, más ahora, ante la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.

“La industria medicinal e industrial de cannabis es una gran oportunidad para el país, generará miles de empleos y dólares”, señalaba el ministro de Producción, Iván Ontaneda, en su perfil de Twitter el pasado 12 de mayo.

El mismo Ontaneda explicaba el 31 de mayo al diario ecuatoriano El Comercio que varias empresas nacionales e internacionales habían ya mostrado su interés en invertir en cultivos e industrialización del cáñamo en el país, pero que seguían a la expectativa de que se concretarán las normativas.

“Pueden prohibir lo que sea, ya prohibieron el cannabis medicinal y nosotros nos lo pasamos por el forro. En nuestra organización hay gente que se trae sus goteros de Charlotte de Estados Unidos, que son carísimos, y familias humildes que plantan. Y si una familia necesita plantar para poder hacerse sus goteros, no se detiene a pensar si está prohibido o no, lo hace y punto”, concluye Ponce.