Albert Tió entra en prisión por formar parte de la directiva de la asociación cannábica Airam

Albert Tió, activista cannábico y miembro de la Federació d’Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya, ha entrado en prisión junto con otros tres miembros de la junta directiva de la asociación de consumidores de cannabis Airam. Según él mismo ha publicado en su perfil en la red social Twitter, desde el 18 de noviembre cumple condena en el Centro Penitenciario de Lledoners (Barcelona).

En una entrevista con El Salto, pocos días antes de su entrada en prisión Tió afirmaba “Nosotros ya contamos con que tendremos que seguir esperándolo dentro, al igual que el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También esperamos poder conseguir un tercer grado por nuestra situación familiar lo antes posible”. El activista se refería a la petición de indulto realizada al Ministerio de Interior en enero de 2020, que ha sido apoyada por más de 15.600 personas a través de la plataforma Change.org y a la que Interior aún respondido. El pasado 10 de noviembre, la campaña Consumo con Derechos y la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas volvieron a pedir el indulto para Tió y los tres componentes de la junta de Airam en una rueda de prensa celebrada en Barcelona. También se ha puesto en marcha una recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para afrontar los gastos judiciales a la hora de presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La trayectoria judicial de Airam y de las otras personas que gestionaban la asociación, con hasta seis juicios, es larga y complicada. En los tres primeros, Tió y los demás componentes de la junta fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Barcelona pero en los tres juicios siguientes celebrados en 2018 fueron condenados, cuando el club de consumidores de cannabis ya llevaba cerrado cuatro años. En uno de los casos la condena, por acuerdo con Fiscalía, consistió en dos años de prisión, con suspensión de entrada en la cárcel y al pago de una multa de 2,2 millones de euros, cifra que se correspondía con la facturación total de la asociación durante los años en los que se mantuvo activa, y que Tió lleva pagando desde entonces con trabajos a la comunidad. La otra condena es la que ha supuesto su entrada en prisión, un total de cinco años: dos años por asociación ilícita y tres más por delitos contra la salud pública, la condena más alta conocida por ser miembro de la directiva de una asociación de consumidores de cannabis.

“Supongo que el hecho de ser una de las asociaciones más grandes y de las primeras les motivó para intentar un castigo ejemplar”, explicaba Tió a El Salto en julio de 2019.

Por entonces, el abogado de Tió, Andrés García Berrio, acababa de presentar un incidente de nulidad al Tribunal Supremo sobre esta condena de cinco años de cárcel y se preparaba para presentar también un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en caso de que el alto tribunal no la aceptara. Ni el Supremo ni el Constitucional aceptaron los escritos de Tió, y el siguiente paso fue acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos además de pedir el indulto, respuesta que puede tardar aún varios años.

El caso de Tió y el resto de miembros de la junta directiva de Airam sigue la estela de procesos judiciales que ya comenzaron en 2013, cuando la Fiscalía General del Estado emitió una circular en la que instaba a los fiscales a sumar el delito de asociación ilícita al delito contra la salud pública en los procesos judiciales contra asociaciones de consumidores de cannabis que ya estaban en marcha. “Se nos está penalizando más a los que estamos dando la cara por una regulación, abriéndonos a la prensa, haciendo cultivo individual y colectivo, que a los propios traficantes”, lamenta Tió.