Un miembro de un Club de Cannabis reclama 23.000 euros por un decomiso injusto

Todo comenzó en el municipio madrileño de Chinchón en el año 2010. Cuando el denunciante y otros dos miembros de la Asociación de Usuarios del cannabis Catajá fueron llevados a juicio por el fiscal, que les pedía cuatro años de prisión por tráfico de estupefacientes. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal 5 de Getafe les absolvió y ahora uno de los miembros del Club de Cannabis reclama 23.000 euros por un decomiso injusto.

Ahora, el Consejo del Poder Judicial sostiene que se ha producido un funcionamiento anómalo de la justicia por no haberse devuelto a su dueño las 214 plantas de marihuana y los materiales decomisados por la Guardia Civil.

En 2015 el juez absolvió al afectado fundamentando que no era posible atribuirle ningún delito y ordenó al Juzgado de Instrucción 6 de Valdemoro –que decretó el registro- que se le devolviera todo lo intervenido (plantas, materiales y 2.030 euros en efectivo). Pero solo recuperó el dinero, parte del material incautado y la documentación sobre la asociación, pues la marihuana fue destruida y los agentes aseguraron desconocer el paradero del resto de materiales.

El abogado del denunciante, Endika Zulueta, destaca que el valor de solo una parte de los materiales intervenidos asciende a 2.439 euros y que en su día pidieron a la Guardia Civil que no destruyera las plantas –entre ellas se encontraban 10 plantas madre destinadas al material genético-. Lo que eleva los daños y perjuicios causados a un total de 23.572 euros. Explica también que existen precedentes de juzgados que han ordenado devolver la marihuana decomisada de manera injusta y que el fin de la reclamación de su cliente es comenzar “un debate sobre la legalización de la marihuana para uso terapéutico”.

El Poder Judicial entiende que “se ha producido una vulneración del deber de custodia que pesa sobre el juzgado y sus funcionarios”, que ha provocado “un perjuicio patrimonial al interesado”. El informe del Consejo avala al afectado pero no es vinculante, por lo que determinar la cuantía de la indemnización queda ahora en manos del Ministerio de Justicia.