El Parlamento estudia una propuesta de ley para la “legalización controlada” del cannabis en Francia

Once diputados, ecologistas la inmensa mayoría, presentaron la semana pasada en la Asamblea Nacional francesa una propuesta de ley sobre la regulación del cannabis, que pretende buscar apoyos para organizar un referéndum de iniciativa compartida. Para que el pueblo sea consultado se necesitan 185 parlamentarios a favor (de 925 diputados y senadores) que representarían a cerca de 4,6 millones de franceses.

El 2017 es año de elecciones presidenciales en Francia y eso supone una oportunidad única para el debate de temas que suscitan interés público y cierta polémica. La regulación del cannabis es uno de los favoritos de las campañas políticas aunque, en este caso, viene apoyado por un cierto clamor popular que comienza a abrirse paso en los medios de comunicación.

Primero fue el manifiesto de Marsella, firmado por 150 personalidades del mundo científico, sanitario, legal, cultural, judicial y político, publicado en una tribuna pública del periódico Le Journal du Dimanche (LDD). Al domingo siguiente, tenía lugar en directo el segundo debate de las primarias del Partido Socialista, que puso el tema del cannabis en la agenda política revelando las divergencias entre los siete candidatos. Hamon, Pinel y Bennahmias se mostraron favorables a una legalización, mientras que Valls y Montebourg se oponen a toda despenalización del consumo.

Europe Écologie Les Verts

El siguiente paso lo han dado siete diputados de Europe Écologie Les Verts (EELV), entre los que se encuentran Noël Mamère y Cécile Duflot, dos diputados socialistas (Mathieu Hanotin y Sylviane Alaux) y dos independientes (Philippe Noguès e Isabelle Attard). El pasado 11 de enero registraban en el Parlamento francés su propuesta de ley para la “legalización controlada” del cannabis. No es la primera vez que este grupo político lleva a las cámaras legislativas la regulación de la marihuana, ya lo hizo en el Senado en 2016 con escaso éxito.

Esta propuesta de ley pretende organizar un referéndum de iniciativa compartida sobre el tema, utilizando el marco de la Constitución, que prevé la posibilidad de organizar una consulta popular de este tipo solo si “la iniciativa cuenta con el apoyo de un quinto de los miembros del Parlamento representando a un décimo de los electores inscritos”. Es decir, 185 parlamentarios (de 925 diputados y senadores) que representarían a cerca de 4,6 millones de franceses.

“Comprendemos por qué en octubre de 2016 una mayoría de franceses (el 54 % según el instituto Yougov) se declararon favorables a la legalización bajo el control del Estado. Un porcentaje que llega al 62 % en el caso de los 25-34 años y alcanza el 77 % entre los 18-24 años. Parece claro que la juventud está masivamente por la legalización del cannabis, en la cual ve una fuente de riqueza y de empleo. Siente, sin embargo, que ninguna oferta política corresponde a sus aspiraciones, ya que a pesar de ser poderosa en las redes sociales “no está representada en el Parlamento”, argumenta el texto presentado y que ha sido transmitido a la Comisión de Asuntos Sociales para su debate.

El texto de los once diputados propone “la creación de un monopolio nacional de producción y de distribución, la filial francesa del cannabis, para reemplazar la prohibición actual que beneficia al crimen organizado”. Según los diputados, esto permitiría crear de 20.000 a 30.000 empleos en la agricultura, la industria, el comercio y los servicios, generando beneficios y nuevas recetas fiscales para el Estado, del orden de 2 a 3 mil millones de euros. Sin embargo, esta propuesta de legalización no significa la despenalización total. Un ciudadano mayor de edad podría fumar un porro en su casa, pero no en espacios públicos. La posesión y el consumo están prohibidos para los menores.

La propuesta de ley comienza por designar el término “cannabis” como “la planta o  la resina obtenida a partir de la planta cuyo contenido de thc es superior a un porcentaje definido por una orden del ministro responsable de la salud; y el tetrahidrocannabinol o THC”. Distinguiéndose así de los “productos de cannabis” que contienen marihuana en alguna de sus formas. El cannabis pasaría a estar regulado por esta ley por derogación del conjunto de disposiciones actuales relativas a las plantas y sustancias estupefacientes.

Filial francesa del cannabis

La legalización controlada de este proyecto de ley estipula la creación de un monopolio de producción y de distribución del cannabis y de los productos del cannabis, la filial francesa del cannabis, a la cual el Estado da como misión la lucha contra el tráfico de drogas y la protección de la salud y la seguridad pública.

El monopolio delimita las regiones y define las parcelas donde se autoriza el cultivo del cannabis. Solo las personas designadas por el monopolio tienen derecho a cultivar. El cultivo del cannabis para fines personales continúa siendo castigado como una contravención de tercera clase. El tribunal puede ordenar además la confiscación y la destrucción de las plantas embargadas. El cultivo indoor del cannabis (con luz artificial) estaría igualmente prohibido, salvo si tiene como objeto la producción de cannabis terapéutico en laboratorio.

El monopolio abastece las semillas a los plantadores que deben entregarle la totalidad de su cosecha. El Estado concluye así con cada agricultor un contrato de cultivo que define las condiciones de explotación de su parcela y autoriza a sus agentes a penetrar en ella con el fin de controlar el número de plantas cultivadas, así como la producción abandonada. La producción de cannabis debe ser ecológica y respetuosa con el medio ambiente.

El monopolio otorga licencias que autorizan la apertura y la explotación de locales destinados a la venta, para llevar o para consumir en el lugar, de cannabis o productos de cannabis. Abastece al conjunto de los dispensarios y fija los precios del cannabis y sus derivados.

Consumo en cannabistros o clubes asociativos

Para convertirse en dispensario, los lugares (à emporter o para consumir sur place) deben contar con el permiso del Prefecto del departamento (provincial) y con el expreso consentimiento del Alcalde de la localidad. Una de las condiciones indispensables es que se encuentren a una distancia controlada de centros escolares o que reciban menores habitualmente. Por supuesto, los menores no podrían tener acceso (ni siquiera acompañados por sus tutores o un adulto) a estos locales.

La propuesta de ley establece que no podrán adquirirse más de cien gramos de cannabis en estos dispensarios, a no ser que el comprador justifique su identidad y las razones de su compra. También estarían fuertemente controladas la venta de tabaco y productos derivados, así como de bebidas alcohólicas de los grupos 2 – 4 (cerveza, vino, licores y alcoholes fuertes) que no podrán comprarse o consumirse en los dispensarios. La ley precisa que no se podría fumar tabaco ni ningún producto que lo contenga dentro del local.

Los precios, establecidos por la filial estatal, deben establecer un IVA del 25% en caso de cannabis y productos derivados vendidos en los locales de distribución designados. El cannabis medicinal, dispensado por las farmacias, mantendría una tasa de valor añadido reducida.

Publicidad perseguida 

Toda forma de propaganda, de promoción o de publicidad a favor del cannabis o los productos del cannabis continúa estando rigurosamente prohibida. La infracción se castiga con una multa de 75.000 euros.

Esta interdicción no se aplica a las enseñas de los cannabistros ni a los carteles dispuestos dentro de estos establecimientos, no visibles desde exterior, a condición de que cumplan con las prescripciones de una orden del ministro encargado de la salud. En caso de propaganda, promoción o publicidad ilícita a favor del cannabis o los productos del cannabis, el máximo de la multa puede ser llevada al 50 % del importe de los gastos dedicados a la campaña.

Prevención

El Estado, a través de su filial, se compromete a facilitar a los consumidores una información completa y objetiva sobre el producto, su origen, su contenido en THC y sobre el riesgo y peligros que conlleva el uso de cannabis y sus productos derivados. Controla la oferta y pone en marcha mecanismos de prevención (el texto no detalla cuáles) del abuso y el riesgo asociados a su consumo a través de una asistencia telefónica (número verde) inscrito en cada uno de los envases de los distribuidores. Además proponen la asistencia gratuita en caso de deseo de desintoxicación (los datos de contacto deben aparecer igualmente en los envases).

Cannabis y seguridad vial

En el delicado apartado que intenta regular el consumo de cannabis y la circulación vial, los diputados proponen incluir un capítulo específico en el Código de Tráfico. “Incluso en ausencia de embriaguez manifiesta, el hecho de conducir un vehículo bajo la influencia del cannabis caracterizada por una concentración de THC en la sangre igual o superior a 8 nanogramos por litro se castiga con dos años de encarcelamiento y 4.500 euros de multa” cita el texto de la ley.

Si el conductor además da positivo en el test de alcoholemia, la pena pasa a ser de 3 años y la multa se duplica. La medida va acompañada de la retirada del permiso de circulación por 3 años (incluido el uso profesional del vehículo) y de la obligación a asistir a cursos de seguridad vial y concienciación del peligro del uso de estupefacientes.